LAS MUJERES DEL CARIBE EN LOS HITOS HISTORICOS DE
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA DE LAS COLOMBIANAS
Por: YUSMIDIA SOLANO SUAREZ[1]
La
Ciudadanía, más que derechos políticos
Antes que nada
debemos hacer precisiones sobre el concepto de ciudadanía para contraponerlas a
la comprensión tradicional de ciudadanía solamente como derechos políticos. Según
Mouffe (2001), "…la ciudadanía es un
principio de articulación que afecta las diferentes posiciones del sujeto como
agente social al tiempo que permite una pluralidad de lealtades específicas y
el respeto de la libertad individual…". Algunas definiciones de ciudadanía son más concretas
como la de Hannah Arendt, para quien
"…la ciudadanía es el derecho a
tener derechos…" y otras como la de Thomas Marshall (1965), sostienen
que "…ciudadanía es un status
otorgado a quienes son miembros completos de la comunidad…", la cual se
constituye con tres contenidos sustantivos, el civil, el político y el social
(Marshall, 1965). En este ensayo adoptamos el concepto de ciudadanía como el
derecho a ejercer y exigir derechos. Añadiríamos además la acotación que hace Nancy Fraser (2002), en el sentido
que "…Alguna medida de igualdad
económica es precondición necesaria para la justa deliberación
democrática…", y por lo tanto para el libre ejercicio de una
ciudadanía plena.
En desarrollo de esa precisión, se ha definido en el “Programa de Acción
Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001”, la
ciudadanía plena de las mujeres como
"el desarrollo de la capacidad de autodeterminación, de expresión y
representación de intereses y demandas, y de pleno ejercicio de los derechos
políticos individuales y
colectivos" (CEPAL/UNIFEM, 1995).
Entendida
así, se puede afirmar enfáticamente, que "no hay plena ciudadanía para las
mujeres del Continente en la medida en que no es efectiva para todas
ellas", (CEPAL/UNIFEM, 1995) y que
aún hoy, estamos muy lejos de alcanzarla, a pesar que las mujeres llevamos varios
siglos de luchas por superar nuestra condición de subordinación y sometimiento.
Las mujeres en la
historia del Caribe colombiano: Un largo camino por la libertad
No ha sido la sumisión el tradicional comportamiento de
las mujeres de lo que hoy se conoce como el Caribe colombiano, dada la forma
particular de sincretismo de las
culturas que convergieron en la composición de la identidad regional. En la matriz resultante, las mujeres
Africanas jugaron un papel fundamental en la recreación de la cosmogonía de sus
pueblos en América, como fue el caso de Juana Estopiñan, negra liberta oficiante de
almas, que en 1656, fue sometida a un
proceso por la Inquisición en
Cartagena. El rol de ellas también fue
determinante en la transmisión de la familia extensa, uno de los principales
legados africanos a las relaciones de parentesco en América. Las mujeres y hombres afros se han distinguido por
utilizar como estrategia de lucha
contra la esclavización la resistencia física y
cultural, expresada a través de la vocación por el ritmo y la danza, pero
también cuando fue necesario se dieron casos de resistencia armada como el protagonizado
por la Palenquera Polonia, que en 1581 comandaba un contingente de 250
cimarrones, 150 de los cuales eran mujeres, con lo cual logra negociar
entrega de tierras
y promesa de libertad
con las autoridades españolas.
La mujer colonial
costeña, era decidida, brava, experimentada y algo rejugada, capaz de
acciones heroicas. Características éstas que, según Fals, dan paso a una expresión muy típica de la
cultura costeña la de la mujer brava, cuyo epígono pudo ser la momposina
Juana Agustina de Ferreira, ejemplo que siguieron las mujeres de San Martín de
Loba cuando detuvieron en La Piedra del Burro a las tropas imperialistas en
1821. Jacinta y Petrona Montero lucharon por la autonomía de Jegua en 1804; Estanislaa Barón y Marcelina del Corral en las jornadas de
independencia de Mompox, en 1810. Es la demostración de gallardía de Manuela
Guerra en el bunde rebelde de Ayapel en 1785 y la de Sor María del Perpetuo
Socorro con los negros de Uré[2].
Cabe recordar también
a la heroína banqueña Carolina Suárez, quien realizó una acción de espionaje
sobre las fuerzas realistas acantonadas
en El Banco en 1811, para avisarles a
los soldados momposinos sobre el ataque, lo que determinó el triunfo de
las fuerzas patrióticas, a la jefa guerrillera Matías Toro en la guerra de los
Mil Días y a las mujeres banqueñas que conformaron en 1910, la Sociedad
Patriótica de Señoras, que tuvo como
fundamento la acción cívica entre la población[3].
Mujeres en las Gestas
por los Estados soberanos del Caribe
Durante las luchas de
Independencia, las mujeres que dejaban su casa para seguir a los soldados
durante las campañas de guerra eran “las
llamadas Juanas, cholas o seguidoras de campamento, que eran generalmente mujeres del pueblo, clase
media y mestizas, quienes como
esposas, amantes, amigas y compañeras
de los soldados rasos, sufrían sus
triunfos y sus amarguras. Continuando con esta tradición, después de la
independencia, varias de estas Juanas parten
con el supremo Carmona en 1840,
en su lucha por los Estados Soberanos del Caribe, provenientes de Ciénaga, Santa Marta,
Barranquilla, Tenerife, San Zenón hasta
Mompox, donde llegaron en balsas[4] para
acompañar a las tropas.
Juana Julia Guzmán:
Radicalidad Popular Emergente
Dada la necesidad de
defender los interese populares ante el Estado violento y militarista, representante de la represiva Constitución de
1886, Vicente Adamo, socialista italiano empezó a organizar a los artesanos de Montería
en 1918. Juana Julia Guzmán hace parte
de las mujeres que lo respaldaron [5].
Juana Julia Guzmán[6] nació
en Corozal (Sucre) en 1892, pobre, y sin poder ir a la escuela, trabajó desde
niña como clasificadora de hojas de tabaco. En 1916 se trasladó al Sinú donde
conoció al socialista Vicente Adamo,
comprometiéndose con sus
ideas y con su amor. En 1918 fue cofundadora de la Sociedad de
Obreros y Artesanos de Córdoba y del
Baluarte Rojo de Lomagrande en Montería. Este baluarte tuvo
celebridad por las triunfantes
experiencias de insurrección campesina,
en donde se consiguió el reparto de tierras, lo que llevó a que la
apodaran la robatierrra. El éxito propició la imitación de procesos parecidos en diferentes sitios del
país. En 1919 impulsó la creación de la
Sociedad de Obreras de Redención de la Mujer y fue elegida como primera
presidenta.
Otras mujeres
bailadoras de fandango, lavanderas, fritangueras, vendedoras, cocineras, como
Pacha Ferias, Agustina Medrano, Antonia Espitia, Marcelina Agámez, Mercedes Vidal,
María Barilla, Josefa
González, la Mella Lorana
acogieron su convocatoria y
participaron con entusiasmo en el
proceso colectivo de establecer el
Hospital Socialista, una Escuela Obrera y una Biblioteca Popular. Juana Julia fue
gerente de tres baluartes de Córdoba desde 1927, fecha en que Adamo fue
expulsado del país, y ella asumió la
dirección hasta 1951, cuando la violenta persecución a que fue sometida la
obligó a quedarse en Montería, sin poder regresar a Lomagrande.
Apoyó campañas
feministas, antialcohólicas y de democratización del trato personal, luchas por
el establecimiento de las 8 horas para los trabajadores (8 de educación, 8 horas de descanso y 8 horas de trabajo) abolición de la
matricula de propiedad y otros abusos de la tenencia de la tierra, y apoyó siempre la organización de mujeres,
campesinos y obreros, entre ellos a los comités de mujeres de la ANUC, en los
años 70. Murió a los 85 años, en 1975.
María Barilla: Dignidad y Alegría al Son del Porro
Según Fals Borda, “una
personificación y símbolo importante de
la diversión sinuana y de su gran fandango es la bailadora Maria Barilla
(1887-1940), humilde lavandera y planchadora de Montería de origen triracial
quien actuó en esa ciudad y pueblos cercanos
con una nutrida corte de cantadoras y cantadores, copleros, decimeros y músicos
campesinos mestizos que dieron forma y estilo a una bella, dinámica y
productiva institución de música y danza: la del porro” [7].
A María Barilla se le
respetaba y veía como una señora trabajadora. Para su tiempo era una mujer
liberada, sin los prejuicios y mojigaterías de la sociedad. Tuvo actos de
humanitarismo, comprensión social y espíritu público. Como lavandera profesional fue miembro de la
sociedad de Obreras de la Redención de la Mujer que presidía Juana Julia
Guzmán, La combinación de su compromiso social con su alegría y capacidad de
goce, expresada en su
exquisito, rítmico y
majestuoso baile, hacen
de esta mujer un símbolo de la mujer sinuana y por
extensión de la mujer popular costeña.
Ella fue propagadora y partícipe
de grandes gestas libertarias
triunfantes de los oprimidos de las sabanas de Sucre y Córdoba y protagonista
principal de la creación y extensión del porro como música candenciosa,
vivencial y melodiosa, a toda
Colombia.
Las Mujeres de Perrenque
Las mujeres que
colectivamente primero pudieron romper con las fuertes ataduras de su rol
en la familia fueron aquéllas que
empezaron a desempeñar funciones u oficios por fuera del espacio doméstico, aún
cuando sus actividades estuvieran referidas a éste como es el caso de las
lavanderas, fritangueras, planchadoras, que ejerciendo labores de reproducción,
ya no lo hacían solamente para sus propias familias sino para obtener ingresos propios.
La extracción popular de estas mujeres además, garantizaba que no fueran tan
dependientes de los prejuicios sociales, como sí lo eran las mujeres de clase
media y alta de estos pueblos de la
provincia. Son las autodenominadas mujeres de perrenque, que en el municipio
de El Retén, en ese entonces corregimiento de Aracataca, Magdalena,
protagonizaron en los años 70 una bella historia de capacidad de lucha por la
tierra, en la que fueron las únicas de todo el movimiento campesino de la época
que lograron recuperar para ellas y sus familias parte de las fincas que la
United Fruit Company había entregado al Incora para su distribución y de las
cuales se apropió la elite rentista de ganaderos del Magdalena, en la llamada
zona bananera.
El Incora no las quiso
titular porque las mujeres no eran sujeto de reforma agraria, lo que obligó a las
que no tenían maridos a escriturar las tierras a nombre de hombres que les hicieron el favor
de prestarse para ello, pero que después se quisieron quedar con ellas. Afortunadamente
su resistencia y capacidad de negociación lo evitó. A finales de los años 70
son mujeres de la clase media, maestras y universitarias principalmente, las que conforman los grupos feministas de la época, en
Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, y Ovejas (Sucre) que emulaban a
los existentes en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Pero a
diferencia de lo que ocurrió en esas ciudades, aquí no se alinearon con el
feminismo radical ni con el feminismo liberal sino con el feminismo socialista.
Tres
Hitos en la Historia por la ciudadanía de las Mujeres en Colombia
Al Haberse
cumplido el 25 de agosto de 2004, cincuenta años de haber obtenido las
colombianas el derecho al voto, es pertinente recordar que las mujeres hemos
desarrollado en la historia del país procesos de democratización y de auto-institución
de ciudadanía trascendentes, que nos permitieron ganar derechos significativos
aun cuando todavía hoy estos sean esquivos en su aplicación a muchas
mujeres del país. Entre estos hitos vale
la pena destacar:
1. El
proceso por los derechos civiles y
políticos, que va de 1930 a 1945
2. La
participación de las Mujeres en la lucha por una nueva constitucionalidad y por
la inclusión de los derechos específicos de las mujeres en la Constitución de
1991 y su posterior reglamentación, que va de 1988 a 1998.
3. El
proceso por la Negociación política del conflicto armado y la búsqueda de la
paz que se fortalece a partir del año 2000 y que aún hoy continúa.
El proceso por los derechos civiles y políticos
Desde
1930, se dio un trabajo intenso y tesonero de una corriente de mujeres de clase
media y alta, llamadas sufragistas, que logran que se aprobara en 1932 la ley
28 que otorgaba a las mujeres el derecho a administrar sus propios bienes (Jaramillo,
1982) y que condujo, después a la obtención de otros derechos relacionados con el derecho
a la educación superior y finalmente a
la conquista del derecho al voto en
1954. Mujeres de los principales centros urbanos del país en esa época participan
del movimiento, entre ellas el Sindicato de Obreras de Barranquilla. Esta
participación es de destacarse porque al contrario de lo que pasaba en otras
regiones del país, en la costa Caribe fueron mujeres populares las que
abanderaron estas luchas, como había sido la tradición desde los años 20 cuando
María Barilla y Juana Julia Guzmán organizan la
Sociedad de Obreras de Redención de la Mujer, como ya reseñamos.
Como la
historia del sufragismo colombiano esta documentada, aunque sigue siendo
desconocida, no repetiremos esa parte que hemos abordado en otros textos, pero
si nos interesa insistir en el segundo hito.
En el
proceso emprendido por múltiples sectores democráticos, en el que se destacaron
los jóvenes, por la reforma constitucional, se evidencia la movilización
beligerante de las mujeres en la lucha
política para influir en el diseño y elaboración de la nueva Constitución
Política de Colombia de lo cual tenemos
como resultado la inclusión de derechos de las mujeres en su texto y luego su
posterior reglamentación.
A
finales de la década de los 80, las
iniciativas que desplegaron
las mujeres en
todo el país en campaña por una nueva constitucionalidad permitió
su reconocimiento público como
protagonistas de los cambios que produjo la convocatoria y luego el
funcionamiento de una Asamblea Nacional
Constituyente (ANC). La participación
del Colectivo de Mujeres de Bogotá, en el
proceso por una Constituyente se
manifestó desde el principio con la
recolección de firmas en forma masiva para lograr su convocatoria y cuando
finalmente la ciudadanía votó afirmativamente por esta opción, se hizo presión
para lograr influenciar en su contenido
a partir de la propuesta de reforma constitucional que en marzo de 1988,
diecisiete organizaciones de mujeres habían elaborado en las sesiones de la
instancia que se llamó “Mujeres por la
Reforma Constitucional”.
Posteriormente se conforma la confluencia "Mujeres por
la Constituyente" que contó con una amplia participación de casi todos los
grupos existentes en Bogotá y preparó la intervención de las mujeres en el
Primer Congreso Pre-Constituyente, en donde participaron todos los movimientos
sociales, en julio de 1990, que
fortaleció al Movimiento Nacional por una Constitución Política
democrática; subsiguientemente se
impulsó la Mesa
de trabajo de
Mujeres por una Nueva Constitucionalidad, instalada el 19
de octubre de 1990.
La
creatividad de las mujeres en todo el país
para promover sus ideas se puso
en evidencia y fueron múltiples las manifestaciones que se dieron en torno al
proceso. Vale resaltar que en la región diferentes grupos de mujeres organizan
en Montería el Primer Encuentro Regional de Mujeres impulsado por el Comité de
Mujeres de Córdoba, el 5 de octubre de 1990, donde presentan una ponencia
llamada “La Evolución constitucional del país vista por las mujeres”, en la que
manifiestan su decisión de apoyar a la A.N.C. una lista única de mujeres.
Al
realizar una síntesis del contenido de las propuestas de las mujeres a la ANC
se puede establecer que se formularon
alternativas no sólo para las mujeres, sino para la sociedad en general.
Según el resumen de Tamayo (1996), “…se
partía de una nueva concepción de democracia, más allá de una forma de
gobierno, relacionada con nuevos estilos de relaciones interpersonales, basados
en el respeto
por el otro - otra,
en el diálogo, en la posibilidad de disentir y de ser
diferente. Por ello se levantó la consigna de DEMOCRACIA EN EL PAIS Y EN LA
CASA y
la participación equitativa de la mujer en las instancias de
decisión política, económica, social y cultural de la nación con el fin de asegurar el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Durante
el funcionamiento de la Constituyente se publicaron avisos con las propuestas
de las mujeres como el aparecido en el Tiempo, “Sin los derechos de la Mujer la democracia no va”[9] y se
promovió un intenso cabildeo con los Constituyentes. Pero lo más importante fue
que los resultados de toda la experiencia de trabajo previa permitió que
existiera el clima propicio para que por iniciativa de grupos de mujeres de
Cali en mayo de 1991 se conformara la Red
Nacional “Mujer y Constituyente”,
integrada por 70 grupos de mujeres de todo el país.
Esta Red
recogió las propuestas que habían sido ganadas antes y las promovió durante los
5 meses de funcionamiento de la Constituyente.
También se ejerció presión de
parte del Cabildo Nacional de Mujeres,
organizado por el Movimiento Popular de Mujeres (26 de mayo de 1991, en
Bogotá), las movilizaciones de mujeres
campesinas promovidas por la Asociación
Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia, ANMUCIC, y el apoyo y
las negociaciones de mujeres de varios sectores, todo lo cual incidió
para que los constituyentes se decidieran a incluir algunos artículos a favor de las mujeres en
la nueva Constitución, como expondremos a
continuación.
Por primera vez, los derechos de las mujeres
en la Constitución
Los artículos de reconocimiento de derechos a las mujeres están referidos al
principio de la igualdad, (artículo 13);
el reconocimiento expreso de que la mujer no puede ser víctima de
discriminación, y la protección a la mujer cabeza de familia, (artículo
43); el derecho político a tener acceso
a una adecuada y efectiva participación en las instancias de decisión del
Estado, (artículo 40); el reconocimiento
a la igualdad de derechos y deberes de la pareja en las relaciones familiares,
la condena a cualquier forma de violencia intrafamiliar y el derecho de la pareja a decidir sobre
el número de hijos a tener, (artículo
42), y la protección especial a la
maternidad, (artículo. 43 y
artículo 53).
En la
reglamentación de estos artículos, se dieron
avances en los gobiernos de Gaviria (1990-1994) y Samper (1994-1998) y
retrocesos en los de Pastrana (1998-2002) y Uribe (2002-2006), por lo cual no
se ha consolidado la promulgación de políticas públicas a favor de las mujeres
como políticas de Estado, sino que estas dependen del criterio del gobierno de
turno. Pero los efectos perversos más
degradantes de la situación de las mujeres son aquellos producidos por la
guerra de más de 50 años que vive el país, pues impiden el ejercicio real de la
condición de ciudadanas, limitando los efectos positivos de las políticas de
reconocimiento. Las mujeres seguimos siendo objeto de la utilización patriarcal
en la vida cotidiana y en la guerra somos tratadas como botín o trofeos de
guerra, reales o simbólicos por parte de todos los actores armados.
El proceso por la Negociación política del
conflicto armado y la búsqueda de la paz.
Como
respuesta al deterioro de las condiciones de vida, el escalamiento del
conflicto armado, y el retroceso en las políticas para las mujeres, se ha
producido en los últimos años (a partir del año 2000) una dinámica de oposición
a la guerra y propuestas de paz democrática y con justicia social y de género,
por parte de las organizaciones de mujeres, que ha permitido afrontar los riesgos de movilizarse por los campos y carreteras
del país, para converger en la Marcha del 25 de julio de
2002, en la cual más de 40.000 mujeres provenientes de campos y ciudades
protagonizaron una de las movilizaciones más significativas contra la guerra; posteriormente se realizó la marcha contra las
fumigaciones el 25 de Noviembre de 2003 al Putumayo. Mención aparte merece la Constituyente
Emancipatoria de Mujeres realizada entre el 25 al 29 de noviembre de 2002, que
refrendó la Agenda de Mujeres por la
Paz. Esta agenda contiene doce puntos que constituyen un pacto
de las mujeres colombianas para buscar la salida negociada al conflicto armado
interno, pero también acuerdos básicos
para promover el accionar del movimiento de mujeres como sujeto político
colectivo, con autonomía de pensamiento y delimitación de intereses, que
propende por su propia participación y representación en los procesos que
definan el porvenir de este país. La Constituyente de Mujeres sigue viva, como
han reconocido muchos analistas políticos y este año realizará su tercera
plenaria nacional en noviembre.
En el estado
actual del conflicto, las mujeres son violadas, usadas como objetos sexuales y
obligadas a realizar oficios domésticos
a las tropas y asesinadas cuando se niegan a los requerimientos sexuales o de cualquier tipo. Las principales
víctimas por supuesto, no son las mujeres que viven en las urbes sino las mujeres rurales, campesinas mestizas,
afrocolombianas e indígenas que viven en las zonas marginales, donde es más
intenso el conflicto. Se ha recrudecido la esclavitud sexual y doméstica, que es perder la autonomía para
definir sobre el propio cuerpo y la propia vida, regresando a condiciones de
sometimiento personal que hablan de formas de esclavitud sexual y doméstica.
El
Desplazamiento Político, Negación de la
Ciudadanía
Pero la consecuencia más grave del conflicto armado interno para
la población civil que no muere, es el desplazamiento interno forzado,
situación que hoy padecen cerca de dos
millones de colombianas y colombianos y que hace
algunos años era un fenómeno masivo y que hoy se da a cuentagotas, pero sigue
existiendo. El desplazamiento o
desarraigo coloca a las víctimas en condiciones
de indefensión física, moral, sicológica y de derechos peor que las que
ocasiona un desastre natural. En nuestro
caso el cataclismo que rompe el tejido social existente es la guerra.
El fenómeno representa la negación a todos los
derechos adquiridos por las ciudadanas y ciudadanos en Colombia. No se puede hablar de ciudadanía plena ni
siquiera de ciudadanía a secas cuando todo lo que se es, se tiene, se cree y se valora es puesto en cuestión por la
violencia política, agenciada por representantes de intereses nacionales e internacionales
quienes son los únicos que pueden ejercer
lo que se denomina ciudadanía global.
En cambio, en el caso de las y los desplazados, estaríamos
hablando de ciudadanía restringida, situación en la que se presentan limitaciones
a la capacidad de exigibilidad de los
derechos, aún teniendo el status jurídico,
en este caso como consecuencia del sometimiento por la fuerza y la
expoliación de las propiedades y cultura de la población desplazada por parte
de los agentes nacionales e internacionales de la guerra. En Colombia no
existen todas las garantías por parte de la institucionalidad establecida para
proteger el ejercicio de los derechos legales de ciudadanas y ciudadanos,
especialmente los del sector rural.
Tesis para debatir
1. La
ciudadanía de las mujeres, pese a todos los avances legales se ha configurado
en un estado permanente de guerra, que hasta ahora solo ha permitido avances
dispares en cuanto a la titularidad de derechos y apenas empieza a ser el
espacio para la autoinstitución de ellas como sujetas de derechos, que
configuren uno de los sentidos y razón de ser de la vida colectiva. Hemos
vivido 50 años de ciudadanía en medio de 50
años de guerra. En tanto los cuerpos y las decisiones vitales sobre nuestras
vidas continúen atadas a la dominación
capitalista patriarcal, nuestra ciudadanía es incompleta y la democracia
asimismo esta viciada por la frágil
ciudadanía de las mujeres.
2. Históricamente en la Costa Caribe colombiana las mujeres de los sectores populares se han comprometido más decididamente con los procesos de lucha por su constitución
como ciudadanas, señalados en los tres hitos que mencionamos anteriormente, que
las mujeres de clase media y alta, que si lo han hecho en otras regiones del
país.
3. La
ciudadanía plena de las mujeres
entendida, repetimos, como
"el desarrollo de sus capacidades de autodeterminación, de
expresión y representación de intereses y demandas y el pleno ejercicio de los
derechos políticos individuales y
colectivos", no se garantiza tampoco en Colombia, actualmente bajo un régimen de cultura autoritaria y
ciudadanía subordinada, como el que se puso en marcha con el Plan de Desarrollo
2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario”.
4. El fenómeno del desplazamiento interno forzado
representa la negación a todos los derechos adquiridos como ciudadanos y
ciudadanas. Esta población vive en la práctica una ciudadanía restringida, por
cuanto afronta restricciones en la
capacidad de exigibilidad de sus derechos, aún teniendo el status jurídico. Sin la
garantía de exigibilidad, la ciudadanía de todas y
todos está en cuestión.
5. La vigencia
de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, son condiciones necesarias frente a la
crisis humanitaria que padecemos. Aplicarlos
urgentemente hace parte del establecimiento del Estado Social de Derecho que
nunca ha existido para la mayoría de hombres y mujeres de este país.
Cartagena,
3 de agosto de 2005.
[1]
Investigadora Social. Magister en Economía Agraria. Especialista en Género y
Políticas Públicas, Diplomada en Planificación del desarrollo Regional. Coordinadora
MAESTRIA EN ESTUDIOS DEL CARIBE de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA SEDE CARIBE. San Andrés.
[2] Fals Borda, ibid. Pág. 39
b.
[3] Chajín, Miguel y otros. Una ilustración Regional: la depresión
monposina. En: La Insurgencia de las Provincias. Fals Borda Orlando.
IEPRI. Universidad Nacional. Siglo XXI editores. Bogotá, marzo de 1983. Pág.
133-134.
[4] Fals, Borda Orlando. Historia Doble de la Costa. El Presidente
Nieto. Tomo II. Carlos Valencia Editores. Bogotá, 1986. Pág. 66 A.
[5] Fals Borda, Orlando. Historia doble de la Costa. Tomo 4: Retorno
a la Tierra. Carlos Valencia Editores. Bogotá, 1986. Pág. 143 A.
[6] Ibid, Pág. 143 A y siquientes.
[7] Fals Borda, Orlando. Historia doble de la Costa. Tomo 4: Retorno
a la Tierra. Carlos Valencia Editores. Bogotá, 1986. Pág. 131 B y 132 B
[8] Esta parte es resultado de la
reelaboración de la autora del Capítulo 8 de la Investigación REGIONALIZACION Y MOVIMIENTO SOCIAL DE
MUJERES: PROCESOS EN EL CARIBE COLOMBIANO"
realizada en Santa Marta, en el año 2002 por Solano con la colaboración
de Durán y Madera. Inédito.
[9] El Tiempo, 28 de Abril de 1991,
Bogotá. Pág. 13.
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